La justicia de los sin ley

En varias ocasiones se han reseñado aquí algunas situaciones muy duras que tenían que ver con la actuación de algunos funcionarios de la Policía de Aragua, sobre todo en la población de La Victoria, Zuata y sectores aledaños -Bello Monte, Las Mercedes-. Decíamos que ése es un territorio olvidado del gobierno regional. Tanto, que a falta de una autoridad vigilante cualquier valentón de chapa y pistola puede erigirse como el Robocop de esas praderas. ¿Ganas de insultar? No: allí están las cifras de Provea -entre las policías estadales, la de Aragua tiene el récord de denuncias en violaciones de Derechos Humanos, y también el récord de funcionarios procesados-, el recuento de las denuncias consignadas en la Fiscalía, la proliferación de noticias increíblemente parecidas en los diarios regionales.
Ahora, para variar, una de esas familias sin brújula de Zuata ha aterrizado por acá, con una historia que ya reposa en los tribunales penales y en manos de la Fiscal Yubirí Quintero.

Inocencia: paciencia

Hace ya algún tiempo Inocencia Contreras, una habitante de la calle Raúl Leoni de Bello Monte, se acostumbró a que, cuando tocaban a la puerta de su casa y anunciaban que era la policía, ella debía abrirles, correr a arrinconarse en un sofá y quedarse quieta hasta que los uniformados lo desordenaran todo, les hicieran preguntas de todo tenor y finalmente se marcharan con las manos vacías. No había más nada qué hacer; oponer resistencia es un delito, un delito casi tan grave como mirarle la cara a un policía o preguntarle qué demonios es lo que busca. Este asunto llevaba ya varios meses, hasta que un día alguien se dignó informarle que existía una instancia llamada Fiscalía y que lo mejor era empezar a echar el cuento, no fuera a ser que en una de esas visitas apareciera como por arte de magia, debajo de una cama, un paquete comprometedor. Ella tomó en cuenta la sugerencia, acudió a la Fiscalía y allí explicó cuán inflamadas tenía las glándulas sudoríparas por aquella situación. Sin quererlo, y sin saberlo, en lugar de espantarse el problema se estaba buscando uno mayor. A ciertos policías les molesta mucho que los investiguen y les manden a parar los apliques demasiado fuertes.
Inocencia tiene tres hijos; dos de ellos, Miguel Angel (20) y Luis Alfredo Contreras (24) fueron paracaidistas, ambos destacados en la base aérea de Palo Negro. El otro no es paracaidista ni militar, pero a sus 16 años fiestea y baila changa de lo lindo en cuanto sarao se prende en las cercanías; se llama Angel Augusto. En cierta forma lo de la denuncia en Fiscalía funcionó, pues por un tiempo cesaron los allanamientos, pero ahora la presión tuvieron que soportarla los muchachos. Nada grave: a Angel Augusto, por ejemplo una vez lo detuvieron en la calle, se lo llevaron a una famosa laguna ubicada en las afueras y le metieron unos cuentos de terror abominables, antes de decirle que corriera bien duro si quería ganarse su libertad. El muchacho corrió y por ahí anda, bien vivo y repitiendo la historia con la voz partida de la emoción.
El último allanamiento a la casa les cayó el 16 de octubre del año pasado. En esa oportunidad, a falta de mercancía sucia que llevarse, le metieron mano a un televisor, un equipo de sonido y un ventilador, y para no irse con las arcas tan vacías se llevaron también a Angel Augusto, sin que Inocencia pudiera hacer nada al respecto.
Pero el muchacho, después de todo, tuvo hasta buena suerte.

La hora del dolor

Seis días después ya Angel Augusto había transitado por los calabozos de la Policía y de la PTJ, acusado de robo; los responsables del allanamiento le achacaban el haberse robado aquellos artefactos incautados durante el allanamiento. Sólo que Inocencia tiene la manía del orden y la organización, y se presentó en la comandancia de la policía con unas facturas demostrativas de que ella era la propietaria de aquellos corotos. Por toda respuesta, le dijeron que sí, cómo no, ella tenía razón, pero no podían soltar todavía a su hijo porque él estaba en PTJ y resulta que el expediente había que trasladarlo y blablablá, y en eso llegó el 22 de octubre, fecha en la cual se desató la parte gruesa del drama; ya verán por qué ha tenido suerte el mencionado Augusto.
Miguel Angel, uno de los paracaidistas, andaba por el sector Bello Monte, cerca de su casa, en compañía de un menor de edad -a quien es preciso proteger silenciando su nombre- cuando de pronto vieron que una patrulla se aproximaba. El menor, que ya antes había probado peinilla pareja por estar obedeciendo órdenes de alto, prendió los motores y desapareció tras una pared, pero Miguel Angel Contreras se quedó en el sitio confiando en su condición de militar y de hombre sin antecedentes ni pecados por pagar. Así se lo hizo saber a los gendarmes cuando éstos lo esposaron y lo introdujeron en la patrulla, la cual rodó hasta una quebrada cercana; serían las 3:00 pm del 22 de octubre. A las 7:00 pm, unos vecinos se compadecieron y le avisaron a una tía, hermana de su madre Inocencia, que al muchacho acababan de darle un tiro; los matadores no tuvieron la delicadeza de hacer las cosas en silencio y decenas de personas escucharon los gritos de Miguel Angel. Inocencia llamó a la policía; allí le dijeron que lo lamentaban, pero ese detenido no estaba allí, y le recomendaron que fuera a la morgue.
Precisamente en la morgue le dieron la información completa: el cadáver sí se encontraba allí, y estaba lleno de contusiones; los pies, amarrados con las trenzas de las botas militares; el pecho, marcado con un impacto de bala.
Nueva visita de Inocencia a la Fiscalía. La doctora Yubirí Quintero solicitó un informe a la Policía de Aragua sobre los posibles antecedentes del joven Contreras, y desde allá le enviaron una hoja bastante sucia: robo a mano armada, azote de barrio, delitos varios. Estaba tan sucia la hoja que, en el sitio donde se leía el nombre de Miguel Angel Contreras, podía verse claramente un manchón de tipex, esa pinturita blanca con que usted borra una palabra que desea ocultar. ¿Qué nombre estaba escrito allí antes que el de Miguel Angel? Pregúntenselo a la Policía de Aragua, específicamente a los funcionarios de apellidos Soterán y Rojas, aquellos eficientes guardianes de la ley que se llevaron preso a Miguel Angel el último día de su vida.

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El Nacional, febrero 1999. Mismo título.